Fuente: noticiasdenavarra.comLa comisión de igualdad aprueba el proyecto de ley, que incorpora las enmiendas del PNV.
Madrid. La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP y la abstención de CiU, el dictamen del proyecto de ley que reforma la legislación sobre el aborto, al que se han incorporado las últimas enmiendas pactadas por el PSOE con el PNV y Esquerra (ERC) e IU-ICV. La ley obtuvo 21 votos a favor, 16 en contra y una abstención.
Los nacionalistas vascos anunciaron que han cerrado un acuerdo con el PSOE para que la nueva ley obligue a las menores de 16 y 17 años a informar a al menos uno de sus padres o tutores legales su decisión de abortar, salvo que puedan alegar fundadamente que dicha comunicación pueda suponerles "un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo".
Sobre la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo, el PSOE y el PNV han acordado que este derecho no podrá suponer "un menoscabo del acceso y la calidad asistencial de la práctica del aborto". Por tanto, durante la puesta en común de las enmiendas presentadas, que llegará el jueves al Pleno del Congreso, PNV y CIU han suscrito finalmente la iniciativa al recogerse tanto la necesidad de informar a los tutores como la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios implicados en la interrupción del embarazo.
"Pocas leyes han contado con un proceso de elaboración tan profundamente democrático y transparente como éste; se puede decir que es de las leyes más debatidas de nuestra joven historia", enfatizó la diputada socialista Carmen Montón, para quien "hoy es un día histórico para las mujeres en nuestro país". Aclaró que la "capacidad de decidir" de las menores radicará siempre en ellas aunque la ley "no prohíbe informar a los padres". La portavoz socialista explicó que "no todas las familias son estándares" porque, "aunque lo normal es que las jóvenes cuenten con sus padres", hay situaciones en que no tienen "ese amparo".
En contra del proyecto votó el PP, cuya diputada Sandra Moneo censuró el "atropello de la patria potestad" que supone, al "desproteger" a las menores del "consejo y el apoyo" de sus progenitores. Criticó al PNV por entender que "no sirven fórmulas intermedias ni pretendidos lavados de cara" a la hora de respaldar esta cuestión, que supondrá el "nuevo coladero" de los abortos de las menores en España. "Allá cada uno con el precio que ha puesto para apoyar esta ley", aseveró.
El PP justificó su rechazo además en que se trata de "una ley radical" que convertirá al aborto en "un método anticonceptivo más" y que va a "banalizar" su práctica.
Aunque los diputados de IU y ERC, Gaspar Llamazares y Joán Tardá, habían criticado inicialmente la obligatoriedad de informar a los padres, coincidieron en no poner impedimentos "siempre y cuando la ciudadana tenga la primera y la última palabra".
El texto que se debatirá en el Congreso incorpora enmiendas para que los anticonceptivos de última generación sean cofinanciados e incluidos en el Sistema Nacional de Salud. Añade que la formación sexual formará parte de la educación general y que los profesionales sanitarios estudiarán en la Universidad la interrupción voluntaria del embarazo.
En cuanto al informe que necesitarán las mujeres para poder abortar hasta la semana 22 de gestación, tan sólo se exigirá el de un especialista en lugar de dos, como recogía el proyecto inicial. Por otra parte, "la amenaza del castigo de cárcel" para las mujeres que abortan deberá desaparecer del Código Penal cuando se apruebe esta iniciativa, apuntó la diputada socialista.
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