Fuente: diariojornada.com.arLa secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), Elena Reynaga, dijo hoy que está en contra "de la forma drástica" en la que se están cerrando whiskerías y cabarets en La Pampa, y se quejó de que en esa agrupación no han sido "consultadas" por las autoridades provinciales y municipales.
La dirigente expresó, en diálogo con Noticias Argentinas desde la ciudad de Buenos Aires, que "deben cerrarse los lugares donde proxenetas someten" a las mujeres, pero antes debe asegurarse un lugar a las trabajadores sexuales.
Reynaga manifestó, a su vez, que se tendría que perseguir judicialmente a los dueños de esos lugares que explotan a las mujeres. "No estamos de acuerdo en las condiciones en las que se están cerrando. Son decisiones muy drásticas. Las compañeras no están cometiendo un delito y muchas veces las vemos esposadas, como si fueran delincuentes", expresó la dirigente.
En La Pampa, a pedido de las autoridades provinciales, las municipalidades comenzaron a cerrar las whiskerías y cabarets porque, se sospecha, favorecen la trata de personas para la explotación sexual. "Estamos de acuerdo con abolir la trata de personas. Pero no abolir todo -expresó-. Es decir, se debe perseguir y sancionar a las redes que trafican mujeres y las explotan en los prostíbulos pero no perseguir el trabajo sexual", agregó Reynaga.
La secretaria general del sindicato manifestó que están tratando de que las mujeres trabajen en "forma autónoma", sin el control de un proxeneta. "Nosotros queremos que las compañeras puedan trabajar autónomamente. Por ejemplo, que puedan alquilar un departamento y que puedan trabajar allí. Toda persona que está bajo su consentimiento, es un trabajo sexual.
Es un trabajo", dijo. Argentina es firmante del Convenio de Abolición de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949, que establece que el ejercicio del trabajo sexual no es delito, pero sí lo es el proxenetismo. Este tratado recomienda expresamente no reglamentar el trabajo sexual, porque hacerlo significa legitimar una cadena de explotación.
"Desde Ammar venimos denunciando hace años la relación directa entre vigencia del Código de Faltas que persigue a las trabajadoras sexuales, la persecución policial y el crecimiento de los locales ‘puertas adentro', donde existen un mayor número de arbitrariedades, violencia, explotación. El propietario de los locales se queda con la mayor parte de la ganancia de las trabajadoras sexuales", manifestó.
"Queremos que entren y lleven presos a los dueños. Pero acá se corta el hilo por lo más fino. No se detiene a los verdaderos delincuentes. Cerrar el lugar y no llevar preso al dueño que somete a las trabajadores no es atacar el tema profundamente", manifestó.
La dirigente también cuestionó las declaraciones del intendente de la localidad de Lonquimay, Luis Roger, quien dijo que los cabarets eran lugares de "contención espiritual", por lo que no debían cerrarse. "Parece un consumidor. Por eso los defiende. Su discurso es terriblemente machista. Cuando pasa esto, hay que preguntarse cuánta tajada se lleva para defenderlos así", sostuvo.
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